El sistema previsional no le escapa al género: el reconocimiento del trabajo no pago, un derecho con fecha de vencimiento
Desde su implementación en 2006, la Ley 24.476 permite que, en sucesivas renovaciones de los períodos de extensión de las moratorias previsionales, quienes no cuentan con aportes igualmente puedan jubilarse. El abanico cubre, por supuesto, a quienes trabajaron en la economía informal, pero, sobre todo, se convirtió en la principal vía de acceso para que las amas de casa recibieran una compensación por todo el trabajo hecho dentro de las cuatro paredes del hogar. Se transformó, en parte, en el reconocimiento de esa labor invisibilizada por la división sexual del trabajo.
Tanto amas de casa como quienes trabajaron en condiciones laborales precarias durante toda su vida —cuyo mayor porcentaje corresponde a las mujeres: el 39,3% de ellas trabajan en la informalidad— pudieron lograr jubilarse mediante un mecanismo de condonación de deudas por los años no aportados a través de un plan de pago de 60 cuotas.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) expuso que las mujeres dedican en promedio 6 horas y media por día a las tareas del hogar, mientras que los varones sólo 3 horas y media. Allí radica en gran parte el germen de la brecha de género en el mercado laboral. Si se considera el total de horas por día que se dedican al trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres tienen una carga horaria promedio de 9:20 horas, por encima de las 8:38 horas de los varones. Ni hablar de quienes trabajan en la economía popular, que llegan a tener tres trabajos, muchas veces, sin que ninguno sea reconocido.
Bajo la premisa de “no hay plata”, la motosierra y la licuadora, el Gobierno de Javier Milei informó que no renovará los plazos de moratoria vigentes, e incluso podría llegar a derogarla. Pero, ¿cuánto se ahorra al hacer esto? Muchísimo menos de lo que no recauda cada año al condonar Ganancias a jueces y magistrados, según informa Futuros Mejores. Si ese esquema tributario de privilegio se modificara aunque sea recuperando un tercio de dichas exenciones, se podría financiar un aumento del 20% para los jubilados que cobran la mínima.
La realidad muestra su cara más cruel cuando el derecho a soñar con un futuro mejor y a una vejez digna es arrebatado: de no haber existido moratorias, solo el 55% de las personas mayores se hubiera podido jubilar. En el caso de las mujeres, si finalmente la moratoria se quita o no se renueva, 247 mil de ellas quedarán sin jubilación en un contexto de ajuste económico.
Es recurrente la frase de que la incorporación de personas al sistema previsional sin que hayan aportado atenta contra la trazabilidad del mismo. Pero esa afirmación queda en el ojo de la tormenta cuando la realidad verifica que el sistema previsional también es financiado por los trabajadores informales, ya que el 25% de su presupuesto proviene de impuestos que ellos pagan, como el IVA o el impuesto a los cigarrillos.
¿Qué pasa con estas mujeres si se deroga la moratoria previsional vigente? Si no cumplen con los 30 años de aportes, deberán pasar a la Pensión Universal de Adulto Mayor, que equivale al 80% del haber mínimo y solo puede ser cobrada a partir de los 65 años de edad, cinco más respecto a la edad establecida para que las mujeres accedan a la jubilación. El verdadero problema del sistema reside en la representación demográfica del país: se observa cómo progresivamente la esperanza de vida es mayor, y por consiguiente también lo es la proporción de la población económicamente pasiva, mientras que la activa es radicalmente menor por una baja en la tasa de natalidad.
En un mundo donde el 60% de la población mundial trabaja en la informalidad, según un informe de la OIT del 2018, el trabajo formal como único criterio de acceso a una jubilación es, al menos, cuestionable. ¿Qué hicieron otros países para reconocer el trabajo doméstico? Al igual que Argentina, en Uruguay establecieron, para las mujeres, el cómputo de años de servicios por cargas familiares. Es decir, las mujeres tienen derecho a computar un año adicional de aportes jubilatorios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado siendo éste menor o discapacitado, con un máximo total de 5 años. Del otro lado de la cordillera, en Chile se impulsó la bonificación por hijo/a como derecho universal, lo que incrementa el monto de la pensión de las mujeres a través de la entrega de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado.
En el viejo continente, España adoptó la modalidad de un monto complementario para las personas con uno o más hijos que soliciten las pensiones de jubilación, incapacidad o viudez, con un límite de cuatro veces. En Alemania se computan los períodos de educación de los hijos para jubilarse: se consideran 36 meses de aportes jubilatorios por cada hijo (transferibles a varones si así lo declaran).
El foco conflictivo con la eliminación de las moratorias y la instauración de una Prestación de Retiro Proporcional en caso de que la Cámara de Diputados insista con la redacción original de la Ley Bases —tras haber sido sacado ese ítem en el proyecto que se aprobó en el Senado como cámara revisora—, más allá de ser otro acto de injusticia que vuelve a invisibilizar el trabajo no pago dentro del hogar que aún hoy realizan mayoritariamente las mujeres, demuestra que siguen siendo las feminidades las principales variables de ajuste, no solo por su posibilidad de acceder a una jubilación digna, sino porque lo que se ataca son las condiciones materiales de existencia que ellas aseguran.