Nos encontramos en un nuevo año electoral, y si bien las mujeres se incorporaron a la esfera política, que ocupen cargos no quiere decir que efectivamente ostenten el poder.

Uno de los mayores obstáculos con los que se encuentran las mujeres, además de una acentuada violencia política que opera para exigirles más, alargar sus carreras y continuar asociándolas con la debilidad (que hace que los puestos de mayor poder sean ocupados por hombres, sin importar si ellas se encuentran mejor preparadas), es también la “injusta organización social del cuidado”.

Entrevistamos a Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización civil fundada hace 20 años por un grupo de profesionales del derecho y las ciencias sociales, en la que se trabaja para que “niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad puedan elegir cómo desarrollar sus proyectos de vida libres de discriminación y violencias”.

Pero antes de las preguntas a Natalia, vamos a repasar algunos datos sobre la relación entre las mujeres y el sistema político. 

En ELA diseñaron una plataforma Mujeres en el Poder, en la que se muestran los datos sobre la participación de las mujeres y travestis trans en Argentina en espacios de decisión en instituciones políticas, públicas, sociales y económicas. Allí se expone “el efecto de estructuras de discriminación que todavía están muy presentes, a pesar de los avances legislativos”.

La situación en el Ejecutivo es compleja: desde la creación de la figura de Jefe de Gabinete, nunca hubo una mujer que ocupara ese lugar, y si se pone la mira en la composición actual de los ministerios, se observa que el 80% de ellos están a cargo de hombres.

En el Poder Legislativo, la situación es similar en ambas cámaras: mientras en Diputados la balanza queda repartida entre un 44,7% de mujeres y un 55,3% de hombres, en Senadores la situación es de un 43,7% para las primeras y un 56,3% para los segundos. Aunque en este caso, ambas cámaras están presididas por mujeres (Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y Cecilia Moreau en Diputados). 

En el Poder Judicial la situación es más grave. La actual composición de la Corte Suprema de Justicia no contiene ninguna mujer. Solo una vez desde la recuperación de la democracia se propusieron dos candidatas para la integración de la Corte (en 2004 y 2005, respectivamente). 

De 113 miembros del máximo tribunal desde 1862, solo 3 fueron mujeres. La primera de ellas, Margarita Argúas (nombrada durante la presidencia de facto de Levingston en 1970), fue, a su vez, la primera mujer en integrar un tribunal supremo en toda América Latina. Las otras dos fueron  Carmen Argibay, fundamental en el fallo FAL que amplió los alcances del aborto legal en la Argentina, y Elena Highton de Nolasco. 

Por eso, desde Labia nos indagamos acerca de cuál es la verdadera representatividad de las mujeres en el poder este año, más allá de la ley de paridad vigente, ¿qué se esconde detrás del número?

Periodista: ¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo ELA?

Natalia: Trabajamos para cambiar la realidad de las mujeres y para incidir desde la Argentina en toda la región con un enfoque de derechos humanos, género, diversidad y acceso a la justicia. Creemos que existe un marco jurídico, con distintos grados de evolución que, si bien requiere mejoras, está presente para proteger los derechos y promover la igualdad de género. Sin embargo, los mecanismos para garantizar que esos derechos sean efectivos no son suficientes por múltiples razones como los problemas de acceso a la justicia, las políticas públicas ineficientes, la falta de información pública y los mecanismos de coordinación que fallan en la acción entre las instituciones existentes.

P: Frente al nuevo escenario electoral, ¿cuál es el nivel de representatividad de las mujeres en el poder? ¿Con qué situación se encontraron en el último monitoreo?

N: El escenario electoral para 2023 se presenta complejo. No solo por la crisis económica y política que impacta en las agendas que promueven desde el oficialismo y la oposición sino también por los cuestionamientos que se plantean desde distintos sectores a las instituciones públicas en términos más amplios. Creo que las experiencias de los países de la región debieran servirnos para revisar la forma en que se contribuye en nuestro país a la deslegitimación de las instituciones de la democracia porque puede llevar a situaciones complejas y peligrosas.

Para la agenda de igualdad de género el escenario también es complejo: encontramos cuestionamientos acerca de la centralidad de esta agenda, y el lugar que es preciso que las propuestas para la igualdad de género tengan en la campaña. Para las elecciones nacionales de 2023 vamos a volver a monitorear las plataformas electorales de las distintas fuerzas políticas porque creemos que es importante volver a dar centralidad a las políticas para la igualdad de género.

En las elecciones pasadas, nuestro monitoreo se enfocó en el respeto por las leyes de paridad y lo que hemos visto es que, en términos generales, se cumplieron. Sin embargo, también monitoreamos situaciones de violencia de género en el marco de las campañas políticas que son una señal de alarma importante.

P: ¿Cuáles son los principales obstáculos en el acceso a los cargos para ellas?

N: En el informe Sexo y Poder, Quién manda en Argentina advertimos el bajísimo porcentaje de lugares de máxima decisión que ocupan las mujeres en los distintos ámbitos de poder de la vida social, política y económica del país. Además, mostramos que en los últimos 10 años, esta situación ha variado muy poco. Las barreras son sin duda varias y puede haber particularidades según el sector, pero una que atraviesa todos los ámbitos es el impacto que tiene la injusta organización social del cuidado sobre las mujeres, sus trayectorias laborales y expectativas de crecimiento.

Es decir, las mujeres le dedican más del doble de tiempo al trabajo de cuidado de integrantes de sus familias (niñas, niños, adolescentes, personas mayores) que los varones, y esto representa tiempo y esfuerzo que no pueden dedicar a otras cosas. Con más y mejores políticas públicas para el cuidado, las familias en sus distintas composiciones podrían resolver el cuidado en base a sus preferencias, en lugar de hacerlo como ahora que es “como se puede”. 

Esta falta de políticas públicas (de espacios de cuidado, de tiempo para cuidar, de mejor distribución de los recursos para el cuidado) hoy impacta sobrecargando a las mujeres, y entre ellas, recarga más a las de menores ingresos.  Por obstáculos formales y subjetivos, aún en espacios profesionales las mujeres se ven muchas veces excluidas de las oportunidades de crecimiento.

P: ¿Qué características diferenciales tienen las trayectorias políticas de hombres y mujeres, según tu punto de vista?

N: Cuando hablamos específicamente de mujeres y varones en la política vemos un recorrido distinto en sus respectivas trayectorias. En general las mujeres deben hacer un recorrido más extenso hasta acceder a un cargo de representación: tienen más años de militancia y más formación, de modo que claramente se les exige más para acceder a las mismas oportunidades de participar en la contienda electoral. Además, las trayectorias de las mujeres están atravesadas por más situaciones de violencia, que opera por su condición de mujeres en el ejercicio del poder.

Más allá de que lamentablemente muchas veces hay violencia en la política porque es un espacio de disputa de poder, lo que hemos observado en las investigaciones que hicimos por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires y en la Ciudad de Rosario, es que las experiencias de violencia hacia las mujeres tiene particularidades: prácticas sistemáticas de deslegitimación, silenciamiento y disciplinamiento partidario (dentro de sus propios espacios políticos). Son prácticas que observamos en todas las fuerzas, sin que haya alguna que se encuentre exenta.

P: ¿Se cumple la ley de cupo en Argentina? ¿Cuáles fueron sus efectos? ¿Qué significó en tanto logro colectivo para incidir en las posiciones políticas?

N: La ley de cupo que se puso en vigencia en la década del noventa tuvo distintas etapas en su implementación. No fue sino hasta la reforma que se incorporó como consecuencia del caso impulsado por la militante de la Unión Cívica Radical María Teresa Merciadri de Morini ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se logró una mejor redacción de la norma para que la aplicación fuera efectiva, en particular en el Senado de la Nación.

 Pero, en todo caso, las leyes de cupo llegaron a un límite. En lugar de un piso de participación del 30% se habían vuelto un techo. Esto llevó a la concreción de una nueva reforma en las normas electorales para actualizar la legislación en el marco de lo que se denomina “democracia paritaria”, que va más allá de la idea de una cantidad mínima de mujeres en espacios de poder sino que propone pensar en el aporte sustantivo que las mujeres pueden hacer a todas las instituciones de la democracia. En definitiva, más mujeres en el poder y más mujeres en espacios de toma de decisión quiere decir más pluralidad de voces, de experiencias y trayectorias para enriquecer el debate público.  Así se reformó el Código Nacional Electoral y en los últimos años se han implementado las listas electorales (para cargos legislativos) paritarias.

El impacto de esas voces de mujeres en lugares de poder es claro: ingresaron a la agenda pública una cantidad de temas que hasta entonces habían estado silenciados. Derechos sexuales y reproductivos, violencias por razones de género, participación. Son temas que pudieron debatirse porque las mujeres ingresaron a los espacios de poder y construyeron puentes interpartidarios para apoyar una agenda común.

El desafío ahora es lograr que esa diversidad exceda la diferencia sexual (mujeres / varones) y que en los espacios de poder esté representada toda la diversidad de nuestra sociedad, tanto en términos de género como en relación con la discapacidad, la identidad racial, entre otros factores.

P: ¿Qué disrupciones y qué continuidades hay desde la llegada de las mujeres al poder? ¿Por qué siguen siendo hombres quienes concentran las posiciones que implican mayor prestigio y mando?

N: Llegar a los espacios de poder no necesariamente quiere decir lograr el ejercicio pleno del poder. Encontramos muchísimos ejemplos: las mujeres son la mitad de las diputadas y senadoras pero es excepcional que presidan el cuerpo, que lideren los bloques partidarios, que estén en las reuniones donde se toman las decisiones estratégicas. No es que no existan esos casos (de mujeres en esos lugares) pero siguen siendo la excepción antes que la regla.

P: ¿Qué concepciones y representaciones imaginarias siguen primando a la hora de elegir a mujeres para ocupar puestos de peso político? ¿Cómo opera la violencia política cuando se trata de mujeres protagonistas en espacios de poder?

N: Los testimonios que hemos relevado en las investigaciones sobre violencia política muestran esas representaciones que siguen estando muy presentes: se las percibe como sentimentales, débiles, menos expertas en los temas aún cuando tengan más formación y trayectoria que otros colegas. Las voces de las mujeres siguen apareciendo como de menor valor, menos relevantes para los debates públicos.

P: Tienen un podcast que se denomina “Cerrando brechas”, ¿de qué manera es posible lograr achicarlas? ¿Qué políticas son necesarias?

N: El podcast Cerrando Brechas propone diálogos sobre distintas formas y expresiones de las violencias por razones de género. A través de las voces de distintas protagonistas quisimos indagar sobre las violencias que atraviesan la política y que impacta en formas de exclusión de las mujeres travesti y trans, pero también en otras violencias como la obstétrica, la que enfrentan mujeres migrantes, mujeres con discapacidad y también mujeres mayores. Es muy valioso escuchar las voces de las protagonistas en sus luchas, sus estrategias y el modo en que nos interpela para incorporar estas demandas a las luchas colectivas.

P: ¿Cómo se explica que en su composición histórica desde su surgimiento, la Corte Suprema de Justicia haya tenido tan solo tres mujeres en sus filas?

N: La integración de la Corte Suprema se define por un mecanismo que es esencialmente político. Allí está la respuesta: el poder político no ha incorporado todavía la igualdad de género como un tema central. Es así de sencillo. Ningún presidente ni presidenta hasta ahora valoró la igualdad de género en los espacios de decisión como un tema fundamental para la democracia. Por eso solo una vez desde la recuperación de la democracia se propusieron dos candidatas para la integración de la Corte (en 2004 y 2005, respectivamente) y esto fue por efecto de la estrategia impulsada desde la sociedad civil para recuperar la legitimidad del Poder Judicial con estrategias para lograr “Una Corte para la democracia”. Desde entonces, en las distintas oportunidades que tuvieron la Presidenta Fernández de Kirchner, el Presidente Macri y ahora el Presidente Fernández, no volvieron a proponer mujeres para la Corte Suprema.

P: ¿Crees que hay relación entre una reforma judicial que esté transversalizada por el género y una transformación del escenario político?

N: La Justicia necesita mejorar en términos de tiempos de los procesos, rendición de cuentas, atender las necesidades de las personas que todos los días enfrentan barreras para la protección de sus derechos, en todo el territorio del país. Entre las cuestiones que necesita mejorar se incluye la necesidad de articular mejor sus respuestas con las políticas públicas a cargo de los poderes ejecutivos (tanto a nivel municipal como provincial y nacional). Esto lo vemos claramente en relación con las dificultades que enfrentan las mujeres en situación de violencia pero en general frente a la vulneración de derechos sociales.

Sí es cierto que hay reformas estructurales que es importante promover y que esa reforma debe estar transversalizada con una perspectiva de género, en base a diagnósticos rigurosos, a la evidencia empírica con la que se cuenta y otra que sería preciso construir. Creo que es un error promover la reforma judicial como un acto de campaña partidaria (desde cualquier perspectiva), en base a consignas y no a la evidencia. Y en ese sentido, si logramos incorporar la idea de que las transformaciones institucionales necesitan debatirse en base a evidencia y en un diálogo plural que requiere tiempo, creo que también estaríamos contribuyendo a la transformación de un escenario político que deje de tenernos a la ciudadanía de rehenes en disputas que no son las nuestras.

P: Retomo una serie de interrogaciones que se hacen en su portal, ¿qué se hizo, qué falta y qué puede corregirse?

N: Se avanzó mucho y es importante reconocer, celebrar y cuidar esos avances. Porque bien sabemos que ninguna conquista es definitiva y los riesgos de retrocesos están siempre muy presentes. Las experiencias otros países de la región y del mundo son un claro ejemplo.

Hoy vemos que existe un punto clave para liberar el potencial de las mujeres consideradas en toda su diversidad, promover el desarrollo de su autonomía, lograr vivir vidas sin violencias mejorando la calidad de vida presente y futura: su rol en el ecosistema de cuidado. El cuidado debe dejar de ser un problema individual de las mujeres para convertirse en un derecho de la ciudadanía, una corresponsabilidad social y una obligación del Estado.

La economía del cuidado actual es el tejido que habilita el desarrollo de una sociedad, pero hoy es a expensas de la libertad, el tiempo y el desarrollo de las mujeres. Si no reconocemos la economía del cuidado, el desarrollo es más dificultoso e improbable, y además es más injusto para las mujeres y otros colectivos en situaciones de vulnerabilidad como las personas mayores, las personas con discapacidad y las infancias.  Sin cuidados no hay reproducción social y hoy no se produce el cuidado sin una fuerte carga inequitativa sobre las mujeres. Es importante que desanudemos esta ecuación para que pueda haber un desarrollo verdaderamente igualitario